Historia de la participación laboral femenina en México

En 2018 las mujeres siguen ganando menos que los hombres sólo por el hecho de ser mujeres. Esta afirmación no es una creencia o una opinión, es un hecho respaldado por mediciones censales y estadísticas obtenidas meticulosamente.

Por supuesto que casos individuales pueden variar ampliamente entre sí y que hay casos particulares en dónde hombres ganan menos que sus contrapartes femeninas por realizar el mismo trabajo. También que los hombres realizan los trabajos más peligrosos, y que han estado trabajando por mucho más tiempo que las mujeres.  Más bien, que los hombres han estado desempeñando actividades que son remuneradas con dinero por mucho más tiempo que las mujeres. Porque todas esas actividades que conforman el trabajo doméstico: planchar, lavar, cocinar, supervisar las tareas escolares de los hijos, administrar la economía familiar, propiciar las condiciones necesarias para que los hombres puedan trabajar, la crianza de los hijos, en muchas ocasiones,  de forma casi unipersonal, el acarreo del agua y la siembra de la milpa, no se pagan.

Es importante recordar que la participación de las mujeres en la vida pública era bastante limitada en el siglo pasado. En México, las mismas obtuvieron el derecho al voto hasta 1953 y empezaron a incursionar en el mercado laboral, hablando de forma general, hasta la segunda mitad del siglo XX. Pero esta incursión no se dio por cambios en las estructuras de género -es decir, en las formas en las que percibimos que las mujeres y los hombres deben de conducir sus vidas de acuerdo a si son mujeres u hombres-. Según los expertos el tema, las condiciones económicas macroestructurales fueron, en gran medida, las responsables de que las mujeres comenzaran a trabajar en actividades remuneradas con dinero (Parrada y Zenteno, 2005).

En 1970 poco menos de dos de cada diez mujeres en edad de trabajar trabajaban. Los estados que tenían mayor participación femenina estaban desperdigados por el país: Sinaloa, Jalisco y Colima, Baja California Norte, Nuevo León, la Ciudad de México y Morelos. Para 1995, esta cifra había aumentado al 35% (Parrada y Zenteno, 2005). Curiosamente, las tasas de participación aumentaron en los estados del norte, y en los estados contiguos a los que ya contaban con porcentajes incipientes de mujeres en el mercado laboral, así como en la Península de Yucatán.

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A finales de 1980, la administración del presidente Salinas inició una estrategia de liberalización del mercado, que incluyó reformas fiscales y privatización de paraestatales y, de forma general, un abandono del proteccionismo por apostarle a una economía neoliberal: mercados libres y fronteras abiertas. Las maquilas pudieron instalarse entonces con más libertad en el territorio nacional, sobre todo en el Norte por aquellas fechas. Esto es pertinente porque, encima, el ingreso de las mujeres al mercado laboral no se dio de forma homogénea: no se volvieron de pronto ejecutivas, ingenieras, albañiles y doctoras. Empezaron a realizar, en gran medida, trabajos precarizados de servicios y de la industria maquiladora. Aunque sí las hubo, fueron pocas las mujeres con altos niveles educativos que empezaron a trabajar enfocadas en sus carreras profesionales. Una vasta mayoría de mujeres comenzó a trabajar para poder ayudar a sostener el hogar, después de que los trabajos de los hombres en grandes sectores de la economía se vieron precarizados. Las mujeres, por lo general, empezaron hace poco y desde abajo. 

Resulta interesante que la inserción de las mujeres al mercado laboral se dio como un proceso de difusión espacial. Es decir, el comportamiento se fue expandiendo de municipio a municipio contiguo y de estado a estado contiguo, como se puede apreciar en ambos mapas. Según la teoría que estudia estos fenómenos, usualmente esto ocurre por imitación: es decir, mujeres (y familias) veían a otras mujeres (y familias) de ciudades cercanas que ya trabajaban y comenzaban a trabajar ellas mismas también. O comenzaban a aprovechar las cambiantes condiciones macroestructurales que también se difundían por regiones en forma de nichos de mercado.

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Pero independientemente de la región del país en dónde las mujeres comenzaran a “trabajar”, se enfrentaban a conflictos familiares y sociales que fungían como obstáculos para su desempeño profesional: como la responsabilidad de criar a los hijos y la opinión desfavorable de familiares o la comunidad.  

En las últimas décadas, la tasa de participación femenina se ha mantenido entre el 35 y 45% (INEGI, 2017; OECD, 2018). Es decir, menos de la mitad de las mujeres en el país que tienen edad de trabajar trabajan. Con respecto de los demás países de Latinoamérica, el ingreso de las mujeres en México al mercado laboral se ha visto más bien lento: Chile, Colombia y Brasil tienen todos tasas de participación femenina superiores al 50% (OECD, 2018).

No es de sorprender, entonces, que en nuestro país las mujeres aún enfrenten discriminación, impedimentos de acceso igualitario e inequidad salarial por parte de las personas que las rodean y de las instituciones que las emplean. Los mercados han cambiado mucho en las últimas décadas, pero los roles de género han cambiado de forma más gradual y paulatina. Las mujeres, además de empezar a trabajar, tuvieron que seguir haciendo lo que habían venido haciendo hasta entonces: realizar el quehacer doméstico y las actividades de cuidado en general -para consigo mismas, sus hijos e hijas, sus esposos y parientes.

Fuentes:

INEGI (2017). “Estadísticas a propósito del día internacional de la mujer.” Datos nacionales.

OECD (2018). LFS by sex and age – Employment – population ratios. Consultado en https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=64196

Parrada y Zenteno (2005). Medio siglo de incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo: cambio social, reestructuración y crisis económica en México. En Cambio Demográfico y Social en México el Siglo XX: Un estudio Demográfico de Historias de Vida.

 

Patrones de actuación en detenciones: ¿Cómo actúa el Ejército en comparación con otras autoridades civiles?

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El 29 de diciembre del año 2009, en el Ejido de Benito Juárez, Chihuahua, Nitza Paola Alvarado y José Ángel Alvarado se encontraban en una camioneta afuera de casa de uno de sus familiares. Mientras esperaban, alrededor de diez militares se les acercaron y con lujo de violencia los obligaron a subir a vehículos oficiales. Poco después, los militares se dirigieron al domicilio de la madre de su sobrina, donde entraron por la fuerza y sin ningún tipo de orden de detención. También a ella se la llevaron en una camioneta oficial con lujo de violencia. A pesar de las constantes amenazas por parte de las autoridades contra la familia Alvarado, este caso de desaparición forzada llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se plantea que sea la primera sentencia en contra de México en el marco de la “Guerra Contra el Narcotráfico”.

El impacto de la presencia del Ejército en actividades de seguridad pública ha sido documentado ampliamente por instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Gracias al trabajo de estas instituciones, hoy se sabe que en los estados donde el Ejército ha tenido presencia han aumentado considerablemente los homicidios dolosos y las ejecuciones extrajudiciales de civiles. Adicionalmente, en estos mismos estados, se han registrado desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y agresiones sexuales, así como otras faltas al debido proceso perpetradas por elementos militares. En los últimos 10 años se han registrado un total de 10,764 quejas ante la CNDH por este tipo de hechos. De hecho, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del INEGI, 11,071 personas han sido detenidas y puestas a disposición por algún miembro del Ejército a nivel nacional.

En este artículo se analizaron los datos de dicha encuesta para averiguar si se pueden detectar diferencias entre las detenciones perpetradas por militares y las realizadas por otros elementos de seguridad pública. Este ejercicio pretende abonar a construir una imagen más clara de lo que significa la introducción del Ejército en tareas de seguridad pública. Consideramos este tema sumamente pertinente porque, efectivamente, se encontró que los militares actúan con un mayor grado de violencia en las detenciones de civiles que efectúan.

Mayor incidencia en población joven

Al revisar las características de las personas detenidas por militares, se detectan pocas diferencias vis a vis los detenidos en general en temas de analfabetismo, educación básica, hijos y oficios. No obstante, al revisar la edad de los detenidos podemos encontrar diferencias importantes.

Las personas entrevistadas de 18 a 24 años son solo el 13% de la población privada de la libertad, sin embargo, representan el 43% de los detenidos por militares. Adicionalmente, el 67% de las personas detenidas por las Fuerzas Armadas tienen menos de 30 años, lo que significa más del doble de la concentración de este rango de edad para la población total en centros penitenciarios.

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Asimismo, se observa que el 80% de las personas privadas de la libertad detenidas por militares a 2016, fueron detenidas de 2009 a 2014.

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Más gente se declara inocente, más gente dice haber sido detenida sin motivo

Las personas detenidas por militares también declaran haber participado en la comisión de algún delito menos frecuentemente y haber sido detenidos sin motivo más frecuentemente. Por un lado, el 42% de la población encuestada declara haber cometido un delito, mientras que el 31% de la población detenida por militares declara haberlo hecho. Por otro lado, las respuestas “Porque ayudé en la realización de un delito” y “Porque iba pasando (me implicaron)”, tienen una mayor concentración en el caso de detenidos por militares, con 52% y 14% respectivamente.

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Adicionalmente, mientras que en el total de los detenidos el 49% dice no haber sido detenido ni en flagrancia ni con orden de aprehensión, este porcentaje se eleva a 63% entre los encuestados detenidos por militares. En estos casos, del porcentaje que dijo no haber sido detenido de manera legal, el 49% dijo haber sido removido del lugar donde estaba, y otro 46% declaró que lo detuvieron mientras iba pasando por la calle.

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Las detenciones son consistentemente más violentas, la tortura es más frecuente

En cuanto a las acciones al momento de la detención, de manera general se observan abusos de autoridad por parte de las fuerzas públicas y militares. Sin embargo, los porcentajes de violencia y tortura son considerablemente mayores cuando se trata de personas detenidas por militares.
Al preguntar si el policía o autoridad lo amenazó con algún arma, la respuesta de las personas detenidas por militares sobrepasa por casi 20% a la respuesta de la población en general. Lo mismo sucede, por 13%, al preguntar si el detenido fue amenazado con algún arma contundente.

Se encuentra un patrón similar con la violencia psicológica. Aquellas personas detenidas por militares reportan en un 10%, por encima de la población en general, haber sido amenazados con que se les levanten cargos falsos. También es más común la presión para denunciar a alguien entre detenidos por las Fuerzas Armadas. Las personas detenidas por militares reportan además haber sido aislados, desvestidos o sofocados considerablemente más que sus contrapartes.

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Tratándose de acciones calificadas como violencia física, se sigue observando una clara tendencia de comportamiento por parte del Ejército. Un 74% de las personas entrevistadas que dijeron haber sido detenidas por las Fuerzas Armadas, reportan haber sufrido de patadas o golpes; esto representa casi un 15% más de los incidentes presentados por personas detenidas por otro tipo de autoridad. Lo mismo pasa con quienes reportan haber sido golpeados con objetos, quienes sobrepasan casi por 20% a la población privada de la libertad en general.

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Usualmente, cuando las detenciones se practican fuera del debido proceso, se encuentra alguna manifestación de estos dos tipos de violencia, e incluso violencia sexual.
La Recomendación 028/2009 de la CNDH narra la convergencia de este tipo de agresiones:

“El 27 de junio de 2008, aproximadamente a las 11:00 horas se introdujeron al domicilio de la víctima elementos del Ejército Mexicano, quienes le cuestionaron sobre la ubicación de marihuana, durante la revisión encontraron un rifle. Por esta razón fue detenido y llevado a la guarnición militar en la Plaza de Ciudad Juárez dónde lo amenazaron diciéndole que confesara o lo llevarían al “colchón de la muerte”; que al llegar a las instalaciones militares lo interrogaron, al tiempo que lo pateaban y golpeaban con el puño cerrado en las costillas; lo desnudaron y lo acostaron en un colchón donde lo hicieron “taco”, es decir lo envolvieron en el colchón, lo mojaron y le empezaron a dar toques en diversas partes del cuerpo; tiempo después le dieron de comer y un suero, hicieron que se lavara y al día siguiente, lo presentaron en las instalaciones de la PGR.”

Tal como permite visualizar datos recopilados en la ENPOL, así como vastos casos documentados por los organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, la política de seguridad actual pone en riesgo los derechos humanos de la población, y no garantiza la disminución de la violencia. Más aún, existe un comportamiento diferenciado entre las acciones de las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles, lo cual pone en evidencia que éstas no están diseñadas para operar en labores públicas de seguridad. Sería pues necesario evaluar la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Interior, ya que, además de dejar a las Fuerzas Armadas en las calles, se le otorgarían atribuciones de investigación e inteligencia, mientras que al ejecutivo le da la capacidad de prorrogar la presencia del Ejército sin un límite de tiempo establecido.

En recientes declaraciones, el presidente electo -Andrés Manuel López Obrador- ha expresado que no utilizará el Ejército para reprimir a la población. Lo que se espera por parte del nuevo gobierno, es que las Fuerzas Armadas se retiren de manera “paulatina y programada” (sin especificar alguna fecha límite), así como la eventual puesta en marcha de Guardia Civil, en la que se integrarán a todas las corporaciones de seguridad, incluyendo al Ejército y la Marina. Lo que no queda claro, es si se conserva la Ley de Seguridad Interior, ya que con anterioridad indicó que sería necesario conservar esta normatividad con el fin de regular la actuación del Ejército. De acuerdo con expertos, el estatus actual de esta legislación no garantiza el respeto a los derechos humanos, ni cuenta con un control de actuación claro para ninguna de las partes. Es necesario que las autoridades atiendan a la evidencia disponible para que se pueda garantizar un alto a los ataques contra la integridad y los derechos civiles de la población.

En la APF, sólo dos de cada diez Directores Generales son mujeres

Ana y Juan nacieron en familias más o menos parecidas. Ambos fueron a buenas escuelas, los dos estudiaron Derecho en una buena universidad y ahí se hicieron buenos amigos. Ana se graduó con 9.5 de promedio y Juan con 9.4. Después de graduarse, aplicaron y se quedaron a trabajar en el mismo despacho de derecho fiscal. Durante cinco años llevaron casos parecidos, ganaron más o menos lo mismo y crecieron profesionalmente a la par. Eventualmente ambos se casaron y fueron como invitados a la boda del otro.

Las vidas de Ana y Juan continuaron siendo más o menos similares, pero eventualmente la familia de cada uno creció. Ana y la esposa de Juan se embarazaron casi al mismo tiempo. Cuando su hijo nació, Ana se ausentó de la oficina tres meses, Juan sólo faltó tres días. Ana también empezó a pedir permisos seguido para cosas relacionadas con la crianza. A veces había que faltar para una junta escolar, a veces el niño estaba enfermo, a veces no había quien lo recogiera de la escuela o la niñera que lo cuidaba  tenía que faltar. Eventualmente, Ana decidió trabajar menos horas para dedicarse a las tareas escolares por las tardes. Cuando fue momento de volver a uno de los dos socio del despacho, Juan fue ascendido y Ana empezó a ganar el 60% del sueldo de su amigo de toda la vida.

La historia de Ana no es inusual. Quienes saben sobre el tema afirman que es así cómo se gesta la brecha salarial de género. Al menos entre quienes acuden a la Universidad, la brecha no empieza al egresar de la licenciatura sino años después cuando las labores de crianza obstaculizan el desarrollo profesional de las mujeres. Actualmente sabemos que cada mujer gana 77 centavos por cada dólar que gana un hombre en el mundo. Para identificar si también una servidora pública gana 77 centavos por cada peso que gana su contraparte masculina, El Dátil consultó los datos que existen sobre sueldos y género de uno el sector público.El tema no es sencillo y la discriminación (o al menos no en forma de jefes que deciden no contratar mujeres) no explica por sí sola el rezago que muchas mujeres aún padecen en el ámbito profesional.

En el Gobierno Federal, las mujeres ganan menos dinero y tienen puestos distintos a los hombres

En la Administración Pública Federal, la mediana del salario de los hombres es de $23,480 y la de las mujeres $21,441, lo que significa que las mujeres ganan 91 centavos por cada peso que gana un hombre.

La brecha de género en la Administración Pública Federal también se refleja en el porcentaje de mujeres contratadas por secretaría. Sería sencillo argumentar que las mujeres tienen más presencia en Secretarías que pueden ser consideradas estereotípicamente más “femeninas”. La Secretaría que más mujeres tiene contratadas es la Secretaría de Cultura, mientras que la dos que menos mujeres tienen (con 0% y 1%), son la Secretaría de la Marina y la Secretaria de la Defensa Nacional.Sin título

Los puestos de las mujeres suelen estar hasta cierto punto condicionados por los perfiles de género. A pesar de que las mujeres representan menos del 40% de los servidores públicos federales, representan 56% de los Departamentos de Recursos Humanos, 56% de los Departamentos de Recursos Financieros, 61% de las Jefaturas de Departamento de Recursos Humanos y 58% de las Jefaturas de Departamento de Recursos Financieros. Asimismo, representan menos de 1% de los Enlaces Informáticos, los Subdirectores de Obras o los Subdirectores de Comunicaciones.

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La participación laboral de las mujeres en la APF también disminuye entre más alto sea el puesto. Las mujeres representan el 44% de los enlaces en las Secretarías, pero solo el 14% de los Secretarios, el 22% de los Subsecretarios, y el 18% de los Directores Generales. Estas cifras pueden estar relacionadas con las largas jornadas que pueden conllevar los puestos altos, pero también con discriminación por parte de quienes contratan.

Adicionalmente, al hacer una revisión de los sueldos que reciben servidores y servidoras públicos federales, y también debido a que ostentan puestos más altos, El Dátil detectó que el promedio de sueldo de hombres supera el de mujeres en todas las Secretarías de la APF, incluso en las que hay más mujeres trabajando.  En algunas Secretarías, como en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Presidencia y la Secretaria de la Función Pública, el porcentaje de diferencia llega a ser de 30%.

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En Presidencia los Directores Generales ganan 11% más que las Directoras Generales, en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal los enlaces ganan 11% más que las enlaces y en la Procuraduría General de la República, los Directores Generales ganan 7% más que las Directoras Generales. Si tomamos en cuenta que los salarios promedio de los Directores Generales de Presidencia y PGR son de  $110,203.60 y $108,372.60 respectivamente, estaríamos hablando de $12,122 y $11,920.99 respectivamente.

Existen algunos casos donde los hombres ganan menos que sus contrapartes femeninas (los Subsecretarios de SECTUR, las Directoras Generales de Sagarpa o los Jefes de Unidad de PGR), pero la tendencia en general indica que en 117 puestos de 19 Secretarías, solo en 34 la brecha beneficia a las mujeres, además de que la proporción es menor.  En algunas Secretarías, como Hacienda o Relaciones Exteriores la brecha de género aumenta conforme sube el puesto.

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Distribución de servidoras públicas en la Administración Pública Federal

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Distribución de servidores públicos en la Administración Pública Federal

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Más jefas mujeres; más empleadas mujeres y mejor pagadas

El Dátil también detectó que cuando las mujeres son jefas suelen contratar a más mujeres que sus contrapartes masculinas. Las Directoras de Área y Directoras Generales lideran equipos con 8% más mujeres. En algunos niveles la diferencia entre equipos liderados por mujeres y hombres es muy poca, pero eso también puede tener que ver con que son niveles o muy altos o muy bajos, con probablemente menos margen de acción para contratar personas.

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La brecha de género también disminuye cuando el área en el que las mujeres trabajan está liderada por una mujer. Las diferencias salariales entre Directores Generales se reducen más de la mitad cuando un área tiene jefa. De igual forma, las diferencias salariales entre Directores Generales Adjuntos se reduce diez veces cuando tienen una jefa en vez de un jefe.

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Como en muchos otros sectores, en la Administración Pública Federal, la brecha de género sigue existiendo y afectando a las mujeres. Los horarios poco flexibles y la carga doméstica son algunos de los factores que, las expertas han identificado, explican la brecha salarial de género que aún prevalece en el mundo laboral. Por primera vez en la historia del Gobierno Federal existirá un gabinete paritario, en algunos años El Dátil volverá a realizar este ejercicio periodístico para identificar si los liderazgos femeninos tuvieron algún efecto sobre las condiciones laborales de las burócratas.